El Juzgado Cautelar Penal de La Paz ordenó la inscripción preventiva de los bienes que la empresa constructora brasileña Queiroz Galvao tiene en el país, estimados en $us 3,2 millones, en una causa abierta por la caída de un túnel construido por esa firma, informó la parte civil.
El diputado de Podemos Fernando Barrientos, parte coadyuvante del proceso, informó que el juez Eddy Ponce de León, tomó la decisión ante la ausencia a una audiencia cautelar en la ciudad de Tarija del gerente de la constructora, Aloiso Machado.
El proceso ordinario comenzó tras el desplome en enero de un túnel, en la carretera Tarija-Bermejo (frontera con Argentina) que la constructora realizó a un costo de $us 2,4 millones, con fondos provenientes de la Prefectura y con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
"El juicio se ha iniciado para lograr un resarcimiento de daños y para que la empresa devuelva el dinero", afirmó el diputado Barrientos.
Parte de la infraestructura, de unos 170 metros de largo, colapsó en enero pasado, después de 16 meses de ser entregado oficialmente, acotó el diputado de Podemos, y agregó que la empresa brasileña está dispuesta a un resarcimiento, aunque niega haber realizado una mala construcción.
Queiroz Galvao, una de las empresas constructoras más grandes que opera en Bolivia, argumentó en el pasado que parte del túnel se derrumbó por incesantes lluvias en la zona. “Esta obra que contaba con ‘última tecnología’ se cayó a los 15 meses de su entrega”, destacó Barrientos.
Para el lunes 28 se tiene fijada una reunión entre la Prefectura de Tarija, la empresa y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
El Deber de Santa Cruz
El diputado de Podemos Fernando Barrientos, parte coadyuvante del proceso, informó que el juez Eddy Ponce de León, tomó la decisión ante la ausencia a una audiencia cautelar en la ciudad de Tarija del gerente de la constructora, Aloiso Machado.
El proceso ordinario comenzó tras el desplome en enero de un túnel, en la carretera Tarija-Bermejo (frontera con Argentina) que la constructora realizó a un costo de $us 2,4 millones, con fondos provenientes de la Prefectura y con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
"El juicio se ha iniciado para lograr un resarcimiento de daños y para que la empresa devuelva el dinero", afirmó el diputado Barrientos.
Parte de la infraestructura, de unos 170 metros de largo, colapsó en enero pasado, después de 16 meses de ser entregado oficialmente, acotó el diputado de Podemos, y agregó que la empresa brasileña está dispuesta a un resarcimiento, aunque niega haber realizado una mala construcción.
Queiroz Galvao, una de las empresas constructoras más grandes que opera en Bolivia, argumentó en el pasado que parte del túnel se derrumbó por incesantes lluvias en la zona. “Esta obra que contaba con ‘última tecnología’ se cayó a los 15 meses de su entrega”, destacó Barrientos.
Para el lunes 28 se tiene fijada una reunión entre la Prefectura de Tarija, la empresa y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
El Deber de Santa Cruz
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